En 10 años, la Diócesis navarra inmatriculó 850 iglesias y ermitas y otros 236 bienes


Jesús Lezáun, Isabel Urzainqui, Javier Basterra, Pedro Leoz, José Mari Esparza, Toño Ros y Juantxo Madariaga, ayer en la presentación del libro en Elkar. (Oskar Montero)

Dos años y medio después de constituirse, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro presentó ayer el libro Escándalo monumental. La privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra, un compendio de las inmatriculaciones de 1.086 bienes que la Diócesis navarra ha llevado a cabo entre 1998 y 2008, y que esta plataforma, constituida en la actualidad por 117 ayuntamientos y concejos, considera que su propiedad corresponde a los pueblos.

La obra, un libro “colectivo” surgido de la “inquietud” generada en los pueblos, según recalcó el presidente de la Plataforma, Pedro Leoz, aborda aspectos históricos, jurídicos y ético morales de un conflicto que “va a durar muchos años, pero que no vamos a dejar”, señaló Javier Basterra, alcalde de Huarte, en representación de los doce primeros ayuntamientos que se unieron a la Plataforma.

Entramado legal

La constatación de que la Iglesia navarra estaba inmatriculando, es decir, inscribiendo a su nombre en los registros de la propiedad por primera vez bienes que hasta entonces no estaban registrados, surgió “por casualidad”, explicó el editor José Mari Esparza. La Ley Hipotecaria, que data del año 1946, permitía a la Iglesia Católica inmatricular bienes por un método excepcional, reservado al Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público, exceptuando los lugares de culto. No obstante, en 1998 el Gobierno Aznar reformó la ley y suprimió esa excepción, de forma que la Iglesia pudo inmatricular desde entonces también los templos. Inmediatamente, la Diócesis navarra comenzó a registrar bienes que en diez años han sido: 650 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón.

Según explicó la abogada Isabel Urzainqui, esa posibilidad excepcional de inmatricular supone que no es necesaria publicidad, edictos ni trámites, de forma que “una certificación del Diocesano sirve para pasar al Registro a un bajísimo coste y sin necesidad de notario”. Apoyándose en un estudio del profesor de Derecho Eclesiático de la UPNA, Alejandro Torres, Urzainqui alertó sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y señaló que “si el tema llega a los tribunales debería abordarse su inconstitucionalidad”, ya que, a su juicio, choca con los artículos 14 y 16 de la Constitución. “Se nos dice que es algo obsoleto, un residuo del pasado que no se usa, pero en Navarra ha habido 1.086 inmatriculaciones y es posible que haya más”, indicó Urzainqui. Sin embargo, la Plataforma no tiene constancia de que en el resto del Estado se hayan registrado inscripciones masivas aunque “sabemos que ha habido en Soria, incluso antes que en Navarra, y nos han pedido información de Palencia y León”.

Cuestiones políticas y morales

La Plataforma en Defensa del Patrimonio llevó el conflicto al Parlamento de Navarra, pero aún no ha tenido respuesta. Javier Basterra pidió a los grupos políticos que “se mojen” porque “hay cientos de concejos que no tienen capacidad para enfrentarse a semejante contrario”. De hecho, Isabel Urzainqui indicó que se han dado casos en los que la Diócesis ha planteado pleitos contra las inmatriculaciones realizadas por algunos concejos que incluso habían realizado y pagado obras de reforma en los edificios, “y no han tenido más remedio que claudicar y han perdido la inversión”.

Por su parte, el sacerdote Jesús Lezáun abordó las cuestiones morales del problema y dijo que le consta que la decisión de inmatricular los bienes fue del obispo Fernando Sebastián “sin que nadie de la Curia supiera nada”, y argumentó que el dinero “choca frontalmente con el Evangelio” y es el origen de “todas las catástrofes que se han producido en la Iglesia”. Lezáun fue muy crítico con esta práctica “espeluznante” y dijo que la Diócesis se ha convertido en “la mayor inmobiliaria de Navarra, por encima incluso del Gobierno”.

El libro incluye la contestación que hizo en su día el Arzobispado a estas denuncias. Básicamente, sostiene que la Iglesia tiene la propiedad de los templos desde “tiempo inmemorial”, en muchos casos “desde mucho antes de que existieran los propios ayuntamientos”. También se recoge una tercera vía auspiciada por un grupo de párrocos que consideran que los bienes no son de los ayuntamientos ni de la Diócesis, sino de las parroquias, algo que tampoco admite la Plataforma.

@P.Gorría/noticiasdenavarra.com
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